Written by Sebastian Puig
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Tagged funcionarios, administraciones públicas, burocracia, reformas
Richard Spencer Childs: la historia de un burócrata pionero
En marzo del presente año, mi apreciado compañero de reflexiones Simón González de la Riva y quien les escribe empezamos en Sintetia una serie de artículos dedicados al concepto de “Administración Posible”, entendido como el análisis y exposición de soluciones apropiadas, practicables, oportunas y completas en el ámbito de la Administraciones Públicas, más allá de las consabidas ideas felices de coste y consecuencias desconocidos. Hasta el momento, hemos evaluado la sostenibilidad de nuestro enorme e ineficiente aparato burocrático; analizamos la discrecionalidad administrativa y los incentivos perversos que genera, y estudiamos también el uso y abuso de la potestad regulatoria como freno al desarrollo económico.
Siguiendo con el tema de la administración, en mi último artículo escribo sobre un humilde burócrata, cuya historia descubrí casi por casualidad durante mi estancia en los Estados Unidos. Un pionero americano, de un tipo muy distinto al que nos tienen acostumbrados las leyendas continentales. Un hombre discreto, fuera de la lucha política, que se adentró voluntariamente en el anodino mundo de las reformas administrativas y al que su país le debe importantes innovaciones. Espero que les interese (clic sobre el título para acceder al texto):
Otra Administración es posible (IV):
Historias de Pioneros
El abuso de la potestad regulatoria de la administración y su impacto económico
Continuamos en Sintetia con nuestras reflexiones sobre el concepto de Administración Posible (parte 1,parte2) con uno de los aspectos que destacábamos en nuestra anterior entrega: la abrumadora producción normativa nacional, de la que las administraciones públicas usan y abusan ejerciendo una potestad regulatoria mal entendida y peor ejercida que, en nombre de una supuesta protección y normalización de la convivencia ciudadana, no deja sin intervenir, someter o fiscalizar casi ningún ámbito de nuestra vida privada, muchas veces de forma innecesariamente discrecional.
Continuar leyendo: Otra Administración es Posible (III): El uso y abuso de la potestad regulatoria
La excesiva discrecionalidad administrativa y sus incentivos perversos
El pasado 10 de marzo se publicó en Sintetia la segunda entrega de la serie de artículos escritos conjuntamente con Simón González de la Riva sobre el concepto de "Administración Posible". En esta segunda parte analizamos el amplio espacio de discrecionalidad que la administración se otorga en su relación con los ciudadanos.
¿Esto qué significa? Que su actuación no será siempre automática ni estará sujeta a un parámetro o conjunto de parámetros fijos y previsibles, determinados a través de unas potestades regladas por ley. Bien al contrario, la norma suele otorgar a la administración una importante capacidad de decisión basada en términos abstractos, difusos e incluso totalmente subjetivos. Porque, ¿cuándo una medida se convierte en “idónea”? ¿Cuál es el alcance “adecuado” de una regla? ¿En qué punto del abanico de posibilidades existentes va a entender una administración que algo es “suficiente”?
Leer el artículo completo: Otra Administración es Posible (II): Discrecionalidad e Incentivos
Grandes "recortes" y muchísimos pequeños despilfarros
Una de las falacias conceptuales más clamorosas del debate económico actual consiste en repetir hasta la saciedad que la austeridad implica necesariamente recortes en servicios públicos esenciales, olvidando que todas las playas se han ido formando grano a grano. El agujero de las cuentas públicas y el imparable crecimiento de la deuda, también: el despilfarro se acumula en organismos inútiles, inanidades funcionales y dispendios innecesarios, que repetidos y multiplicados por horas, días y españoles acaban formando una enorme e incontrolable bola.
Siempre que tengo ocasión recomiendo una joya del sentido común empresarial, el "Manual Contra el Despilfarro" que Rafael del Pino, fundador de Ferrovial, publicó en julio de 1962 y en el que enseñaba a sus directivos como luchar contra “ese dragón de siete cabezas que se infiltra por todas partes (…), ese devorador de las empresas”. Devorador de empresas y de estados, añadiría yo.
Hay una idea fundamental que subyace en ese magnífico documento, y Del Pino la expresa muy bien: “no hay despilfarro pequeño, pues una misma forma se repite muchas veces y tiende siempre a aumentar, por lo que pronto adquiere caracteres de importancia”.
Tal razonamiento es válido para todos los órdenes de la vida económica, pública o privada. Coincido con el autor en que la lucha contra el despilfarro no se compone sólo de recetas adhoc, sino que se trata más de un "estado de ánimo", esto es, de una disposición ética hacia la sensatez y la austeridad, entendida esta (DRAE) como cualidad de austero: "sobrio, morigerado, sencillo, sin ninguna clase de alardes". Algo que casa muy mal con la naturaleza artificiosa del discurso político dominante, proclive al exceso y a solucionar los problemas tirando de chequera ciudadana.
Alguna de las recomendaciones del manual son perfectamente aplicables a la gestión de los recursos públicos. Hagamos un breve repaso a las mismas:
1) Cuando cualquiera de las administraciones decida prestar un servicio público, sus responsables deberían tener en cuenta:
- Que no se esté prestando ya por otra administración. - Que el servicio corresponde exactamente a la necesidad que pretende cubrirse y no a intereses propios o ajenos.
- Que la relación calidad/precio del servicio a prestar sea la adecuada, y que además se garantice su financiación en el tiempo.
- Que la entidad que vaya a prestar el servicio esté correctamente dimensionada en infraestructura, medios materiales y personal. Un exceso de tamaño consume recursos financieros innecesarios que podrían emplearse en otros menesteres.
2) Los bienes públicos, obtenidos a través de impuestos, constituyen un verdadero tesoro para nuestra sociedad. Como escribe del Pino: "esto ya es una definición completa, y todo un programa". Los cargos políticos y los funcionarios deberían tenerlo en cuenta a la hora de manejarlos, y obrar como un cajero cuidadoso con aquellos caudales que no son suyos. Pero también los ciudadanos deben utilizar los bienes y servicios públicos de forma cívica y responsable. Es una cuestión de derechos, pero también de deberes.
3) Los servicios inútiles, accesorios o duplicados deben eliminarse de inmediato. Cuestan dinero, tiempo y esfuerzo, y no rinden utilidad alguna al ciudadano.
4) Cuando una administración contrata, debe elegir siempre el medio más económico. "Y como tal no se entienda siempre el más barato, sino aquel que resulta más adecuado a las circunstancias del caso".
5) Además de utilidad, la productividad de los medios públicos y de los funcionarios resulta asimismo un factor clave. Si tenemos recursos materiales y humanos ociosos estaremos despilfarrando salarios, intereses del capital público invertido y amortizaciones fijas. Cuanto mayor sea la productividad de dichos recursos menor será el coste de los servicios prestados. Esto es válido para todo tipo de prestación: educación, sanidad, defensa, seguridad, etc. Por ello, los responsables públicos deben velar por tener sus administraciones "bien engrasadas", vigilar constantemente su rendimiento y estudiar sus ineficiencias.
La realidad es que durante décadas nos hemos contentado con un manejo rutinario y burocrático de nuestros recursos, que ha coartado cualquier posibilidad de mejora. Si todas las administraciones públicas trabajaran intensamente en los cinco aspectos que acabamos de enunciar, otro gallo económico nos cantaría ahora.
Citando de nuevo a Don Rafael, disponer de una organización modélica es la mejor arma contra el despilfarro:
"Con un personal celoso y competente, la negligencia es rara y ocasional y por ello no ha de generar mucho despilfarro. Pero si la organización es deficiente; aún no habiendo negligencia se producirá despilfarro, que las más de las veces pasará inadvertido. Una buena organización es la mejor arma para el despilfarro, pues no dejará rincones oscuros donde pueda aquel disimularse. Inversamente, una buena organización hace casi imposible la existencia de negligencias, ya que éstas son pronto puestas de manifiesto y a la luz del día".
Y yo me pregunto (y seguro que ustedes también): ¿a qué siglo estamos esperando?
Economía-Ficción: la Financiación Autonómica de Super Mario Bros
Consideremos un país minúsculo y ficticio, que podemos llamar Microlandia.
Un país de 100 habitantes organizado en 5 Micromunidades Autónomas. La mayor de ellas, A, aglutina el 30% de la población y tiene un nivel medio de desarrollo, razón por la cual el Estado Microlandiano le otorga una financiación de 120.000 unidades monetarias (m€, microeuros) del monto total disponible de 500.000, obtenido de los impuestos, cotizaciones y tasas a toda la población.
La Comunidad E es la menos poblada (con 10 microlandianos) y también la menos desarrollada. Recibe por ello la mayor parte del esfuerzo inversor del Estado: 125.000 m€. La Comunidad más rica y la segunda más habitada, B, percibe una importante cantidad estatal, 100.000 m€, pero no está satisfecha: su financiación per cápita está por debajo de la media. Veamos el cuadro resumen de financiación:
| Com. | Pobl. | Rank Aport. a la renta nacional | Financ. pública recibida | Financ. per cápita |
| A | 30 | 3 | 120.000 | 4.000 |
| B | 25 | 1 | 100.000 | 4.000 |
| C | 20 | 2 | 80.000 | 4.000 |
| D | 15 | 4 | 75.000 | 5.000 |
| E | 10 | 5 | 125.000 | 12.500 |
Con la dfistribución actual, la financiación media per cápita del país (= 500.000 m€ / 100 hab.) se sitúa en 5.000 m€.
Ante las protestas reiteradas del Micropresidente de la Comunidad B ("Microlandia nos roba"), el Microministro de Hacienda del país promete "que la financiación de la Comunidad B no quedará por debajo de la media". Es más, decide otorgar a B precisamente la cantidad media per cápita de 5.000 m€ para satisfacer sus demandas. Pero hete aquí lo que ocurre entonces con el cuadro financiero:
| Com. | Pobl. | Financ. per cápita | Financ. pública recibida |
| A | 30 | 4.000 | 120.000 |
| B | 25 | 5.000 | 125.500 |
| C | 20 | 4.000 | 80.000 |
| D | 15 | 5.000 | 75.000 |
| E | 10 | 12.500 | 125.000 |
Resulta que el esfuerzo inversor del Estado Microlandiano en la Comunidad B tiene efectos no deseados. El gasto público aumenta en total 25.000 m€, algo inadmisible para el Microrresponsable de Economía, que está dispuesto a gastar pero no tanto, puesto que el objetivo de déficit microlandiano peligra.
Además, la financiación media per cápita del Estado se ha incrementado hasta 5.250 m€, lo que deja a las Comunidades A, C y D en en peor situación que antes con respecto a dicho valor medio. Y B sigue por debajo: ¡Inadmisible!.
Tras duras negociaciones, dimes y diretes, amenazas y promesas, el Consejo de Microministros modifica el modelo de financiación, que queda como sigue:
| Com. | Pobl. | Financ. per cápita | Financ. pública recibida |
| A | 30 | 4.300 | 129.000 |
| B | 25 | 5.000 | 125.000 |
| C | 20 | 4.400 | 88.000 |
| D | 15 | 4.500 | 67.500 |
| E | 10 | 9.050 | 90.500 |
Como ustedes podrán fácilmente comprobar, el gasto público se ha mantenido estable (500.000 m€), la financiación media per cápita queda de nuevo en 5.000 m€, cifra que ¡por fin! logra alcanzar la Comunidad B. Ésta ve así colmadas sus "reivindicaciones históricas". Pero entretanto, la redistribución solidaria de rentas entre Microcomunidades ha pasado a mejor vida.
Las matemáticas no engañan: con este sistema, en este país ficticio, para que unos perciban más (ya sean los más ricos o los más desfavorecidos) otros tienen que perder. ¿Quiénes son entonces son los verdaderos paganos de Microlandia?
¿Lo tienen ustedes claro? Les felicito si es así.
Moraleja: o esto lo arreglan entre todos los Microlandianos o no habrá areglo posible.
Disclaimer
Física político-administrativa: el Momento Burocrático de Inercia
Nota: entrada del 04/02/2012 recuperada y actualizada de mi antiguo y desaparecido blog.
Los que me leen habitualmente saben que siempre insisto en referirme a la enorme dificultad, rayana en la imposibilidad, que vamos a encontrar para salir de esta crisis sistémica utilizando los mecanismos del propio sistema.
Recurrir a los mismos trucos de siempre, renombrándolos u ordenándolos en secuencias distintas, sólo conseguirá retrasar el crudo momento de la verdad. En el ámbito público, tal afirmación resulta casi irrefutable. El aparato burocrático español tiene hechuras de mastodonte y resulta un compendio de derroche e ineficiencia. Vivimos en un sistema basado en la superposición de administraciones manirrotas que solapan servicios públicos, subvenciones y otros inventos, justificando su existencia en la legitimidad de un modelo de estado que no fue pensado para tamaño dispendio.
Podemos asemejar nuestra Administración a un gigantesco objeto que gira sobre sí mismo, dando vueltas y más vueltas alrededor de paradigmas que deberían estar ya superados. En este punto surge el concepto físico de momento de inercia.
El momento de inercia es similar a la inercia, excepto en que se aplica a la rotación en vez de al movimiento lineal, y además depende de la distribución de la masa en el objeto. Cuanto más lejos está la masa del centro de rotación, mayor es el momento de inercia.
Matemáticamente se expresa como:
Imaginen una mole siempre creciente (la Administración) desarrollando su perpetuo movimiento circular burocrático alrededor de un eje ciudadano cada vez más alejado de ella.
La resistencia que presenta dicha mole a ser desacelerada o detenida en rotación resulta inconmensurable, debido a su momento de inercia. A ella se incorporan generaciones sucesivas de políticos y burócratas sin afectar apenas su movimiento. Y así transcurren las décadas...
La única forma de reducir ese Momento de Inercia Burocrático es mediante la reducción drástica de la masa administrativa y su acercamiento decidido al ciudadano.
Iniciativas ambas sobre las que guardo un pertinaz (y sano) escepticismo.
Pagando tarde y mal a los que menos pueden
El último informe del Observatorio del Trabajo Autónomo, elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), arroja resultados descorazonadores sobre la morosidad de nuestras administraciones públicas con este colectivo tan castigado por la crisis: los períodos medios de pago a los autónomos se sitúan en 111 días de media en el sector público (frente al máximo de 30 que establece la Ley de Morosidad y la Directiva Europea de la UE) y en 81 días en el sector privado (frente a un máximo de 60 por Ley).
En importe, la morosidad de las administraciones públicas con los autónomos ha aumentado en 164 millones de euros en el tercer trimestre de 2014 (+6,1% con respecto al trimestre anterior), alcanzando un total de 2.835 millones de euros. Y todo ello después de las sucesivas fases del Plan de Pago a Proveedores y los recursos de Fondo de Liquidez Autonómico.
Las diferencias entre las distintas administraciones son notables, y se muestran en las siguientes tablas. Los datos evidencian que a pesar de los compromisos políticos a favor de autónomos y emprendedores, obras no son todavía amores y que seguimos en el ámbito de las esforzadas pero insuficientes razones. También apuntan a que las tensiones de liquidez y los desequilibrios económicos siguen muy presentes en nuestro sector público. La reciente flexibilización de las condiciones financieras a las administraciones morosas confirma esta realidad, y no podemos descartar medidas adicionales si la situación no mejora.
Conclusión: hay que ponerse mucho más las pilas, dar ejemplo, y responder política y administrativamente por los incumplimientos. Nuestro eslabón empresarial más frágil se lo merece, ¿no creen?