La Pizarra de Bart: Barreras

De nuevo, una oportuna sentencia de mi querido Simón González de la Riva con motivo de la lectura de "El próximo 'exit tax' o cómo crear incentivos perversos", crítica desde el mundo de los emprendedores a la modificación en el impuesto sobre la renta que entra en vigor en 2015, donde un supuesto tributo para gravar a los que crean riqueza y se van, puede acabar haciendo que nadie realmente con talento para emprender se quede. El artículo ha sido escrito a tres bandas por Martín Varsavsky, Iñaki Arrola y Javier García.

“A golpe de Boletín Oficial del Estado no se crean empresas; las empresas las forman las personas, que tienen talento, energía, incentivos y que quieren verlos materializados.”

Economía-Ficción: la Financiación Autonómica de Super Mario Bros

Consideremos un país minúsculo y ficticio, que podemos llamar Microlandia.

Un país de 100 habitantes organizado en 5 Micromunidades Autónomas. La mayor de ellas, A, aglutina el 30% de la población y tiene un nivel medio de desarrollo, razón por la cual el Estado Microlandiano le otorga una financiación de 120.000 unidades monetarias (m€, microeuros) del monto total disponible de 500.000, obtenido de los impuestos, cotizaciones y tasas a toda la población.

La Comunidad E es la menos poblada (con 10 microlandianos) y también la menos desarrollada. Recibe por ello la mayor parte del esfuerzo inversor del Estado: 125.000 m€. La Comunidad más rica y la segunda más habitada, B, percibe una importante cantidad estatal, 100.000 m€, pero no está satisfecha: su financiación per cápita está por debajo de la media. Veamos el cuadro resumen de financiación:

Com.	Pobl.	Rank Aport. a la renta nacional	Financ. pública recibida	Financ. per cápita
A	30	3	120.000	4.000
B	25	1	100.000	4.000
C	20	2	80.000	4.000
D	15	4	75.000	5.000
E	10	5	125.000	12.500

Con la dfistribución actual, la financiación media per cápita del país (= 500.000 m€ / 100 hab.) se sitúa en 5.000 m€.

Ante las protestas reiteradas del Micropresidente de la Comunidad B ("Microlandia nos roba"), el Microministro de Hacienda del país promete "que la financiación de la Comunidad B no quedará por debajo de la media". Es más, decide otorgar a B precisamente la cantidad media per cápita de 5.000 m€ para satisfacer sus demandas. Pero hete aquí lo que ocurre entonces con el cuadro financiero:

Com.	Pobl.	Financ. per cápita	Financ. pública recibida
A	30	4.000	120.000
B	25	5.000	125.500
C	20	4.000	80.000
D	15	5.000	75.000
E	10	12.500	125.000

Resulta que el esfuerzo inversor del Estado Microlandiano en la Comunidad B tiene efectos no deseados. El gasto público aumenta en total 25.000 m€, algo inadmisible para el Microrresponsable de Economía, que está dispuesto a gastar pero no tanto, puesto que el objetivo de déficit microlandiano peligra.

Además, la financiación media per cápita del Estado se ha incrementado hasta 5.250 m€, lo que deja a las Comunidades A, C y D en en peor situación que antes con respecto a dicho valor medio. Y B sigue por debajo: ¡Inadmisible!.

Tras duras negociaciones, dimes y diretes, amenazas y promesas, el Consejo de Microministros modifica el modelo de financiación, que queda como sigue:

Com.	Pobl.	Financ. per cápita	Financ. pública recibida
A	30	4.300	129.000
B	25	5.000	125.000
C	20	4.400	88.000
D	15	4.500	67.500
E	10	9.050	90.500

Como ustedes podrán fácilmente comprobar, el gasto público se ha mantenido estable (500.000 m€), la financiación media per cápita queda de nuevo en 5.000 m€, cifra que ¡por fin! logra alcanzar la Comunidad B. Ésta ve así colmadas sus "reivindicaciones históricas". Pero entretanto, la redistribución solidaria de rentas entre Microcomunidades ha pasado a mejor vida.

Las matemáticas no engañan: con este sistema, en este país ficticio, para que unos perciban más (ya sean los más ricos o los más desfavorecidos) otros tienen que perder. ¿Quiénes son entonces son los verdaderos paganos de Microlandia?

¿Lo tienen ustedes claro? Les felicito si es así.

Moraleja: o esto lo arreglan entre todos los Microlandianos o no habrá areglo posible.

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Disclaimer

El Kit Maybelline de los gobiernos manirrotos

El pasado 21 de noviembre publiqué en Sintetia la primera parte de un nuevo artículo, a propósito de la lectura de un magnífico documento de trabajo del FMI elaborado por  Timothy C. Irwin, sobre lo que el autor denomina “accounting devices”: artificios contables destinados a reducir el déficit oficial del año en curso incrementando el déficit futuro, aplicables también a los datos de deuda.

La entrada incluía una sencilla tabla con la taxonomía de tales estratagemas, organizadas según los efectos a conseguir en el ejercicio corriente y las consecuencias derivadas de su aplicación en ejercicios futuros:

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Pueden acceder al artículo completo en el siguiente enlace:

• Kit Maybelline para déficits y deudas recalcitrantes de gobiernos manirrotos

Física político-administrativa: el Momento Burocrático de Inercia

Nota: entrada del 04/02/2012 recuperada y actualizada de mi antiguo y desaparecido blog.

Los que me leen habitualmente saben que siempre insisto en referirme a la enorme dificultad, rayana en la imposibilidad, que vamos a encontrar para salir de esta crisis sistémica utilizando los mecanismos del propio sistema.

Recurrir a los mismos trucos de siempre, renombrándolos u ordenándolos en secuencias distintas, sólo conseguirá retrasar el crudo momento de la verdad. En el ámbito público, tal afirmación resulta casi irrefutable. El aparato burocrático español tiene hechuras de mastodonte y resulta un compendio de derroche e ineficiencia. Vivimos en un sistema basado en la superposición de administraciones manirrotas que solapan servicios públicos, subvenciones y otros inventos, justificando su existencia en la legitimidad de un modelo de estado que no fue pensado para tamaño dispendio.

Podemos asemejar nuestra Administración a un gigantesco objeto que gira sobre sí mismo, dando vueltas y más vueltas alrededor de paradigmas que deberían estar ya superados. En este punto surge el concepto físico de momento de inercia.

El momento de inercia es similar a la inercia, excepto en que se aplica a la rotación en vez de al movimiento lineal, y además depende de la distribución de la masa en el objeto. Cuanto más lejos está la masa del centro de rotación, mayor es el momento de inercia.

Matemáticamente se expresa como:

Imaginen una mole siempre creciente (la Administración) desarrollando su perpetuo movimiento circular burocrático alrededor de un eje ciudadano cada vez más alejado de ella.

La resistencia que presenta dicha mole a ser desacelerada o detenida en rotación resulta inconmensurable, debido a su momento de inercia. A ella se incorporan generaciones sucesivas de políticos y burócratas sin afectar apenas su movimiento. Y así transcurren las décadas...

La única forma de reducir ese Momento de Inercia Burocrático es mediante la reducción drástica de la masa administrativa y su acercamiento decidido al ciudadano.

Iniciativas ambas sobre las que guardo un pertinaz (y sano) escepticismo.

Sobre deuda, déficit, mentiras y estadísticas varias

Descubro gracias al siempre inquieto Simón González de la Riva un excelente (a la par que inquietante) "paper" de Luis Espinosa Goded, titulado "El Soprendente Caso de la Medición de la Deuda Griega. Crímenes, Mentiras y Estadísticas".

En el trabajo, partiendo del ejemplo de la crisis de Grecia y de documentos de la Unión Europea, se cuestiona la posibilidad de medir la deuda de los países y las dificultades que una medición tan compleja presenta, así como de armonizar tales mediciones entre unos estados que emplean metodologías diversas. El autor pone asimismo en tela de juicio la capacidad de Eurostat para ejercer como supervisor eficaz de los datos proporcionados por los países miembros.

Concluye que datos como la deuda pública (o el déficit) no se pueden medir ni calcular con precisión, tan sólo "estimar" con un amplio margen de error y una limitada capacidad de supervisión por los organismos supranacionales. 

En el caso del déficit, Luis Espinosa apunta:

“Las estadísticas las elaboran los estados miembros y las remiten a Eurostat, quien las publica conjuntamente ‘haciéndolas suyas’. Al ser los Institutos de Estadística organismos de los estados, y al tener las estadísticas presentadas tan importantes consecuencias económicas y políticas, los incentivos en juego para la presentación de datos ‘mejorados’ son altos. Así se reconoce en una Staff Discussion Note del Fondo Monetario Internacional, ’Accounting devices and fiscal illusions’, en el que se advierte de que:

’A government seeking to reduce its deficit can be tempted to replace genuine spending cuts or tax increases with accounting devices that give the illusion of change without its substance, or that make the change appear larger than it actually is. Under ideal accounting standards, this would not be possible, but in real accounting it sometimes is’.

En la nota se analizan hasta cinco maneras de hacer “desaparecer” parte del déficit:

1) Hidden Borrowing
2) Disinvestment
3) Deferred Spending
4) Foregone Investment
5) Disappearing Government. ”

Pueden consultar el documento (muy recomendable también) al que hace referencia el autor en este enlace. Muchos de los subterfugios que en él se describen les serán muy familiares; yo suelo denominarlos familiarmente el Kit Maybelline de no pocos gobiernos.

El caso de las cifras del déficit griego resulta paradigmático:

Termina el "paper" con una cita memorable del Estadístico Jefe de la Unión Europea, señor Redermacher:

“The truth is not my business. I am a statistician. I don’t like words like ‘correct’ and ‘truth.’ Statistics is about measuring against convention.”

Ahí queda eso. Para analizar y pensar. Mucho.

A vueltas de nuevo con la curva ABC de la corrupción y la transparencia radical

Visto el mal fario que parece estar sufriendo últimamente el partido del Gobierno, casi podríamos haberlo augurado: fue escuchar el pasado domingo al presidente Rajoy  referirse como "algunas pocas cosas" a los casos de corrupción, y acto seguido empezar el lunes con 51 detenidos y un fraude estimado de 250 millones en ayuntamientos y comunidades autónomas. Si a todo esto sumamos las semanas que llevamos desgranando los penosos detalles del despilfarro de las "tarjetas black" de Caja Madrid, así como la consabida ristra de casos abiertos, obtenemos una tormenta perfecta de hartura ciudadana.

Les diré una cosa: estoy de acuerdo con nuestro presidente del gobierno. No creo, ni mucho menos, que todos los políticos sean corruptos; ni los del Partido Popular ni los de otras formaciones. Sí opino, por el contrario, que muchos ciudadanos, si no la mayoría, lo piensan. La realidad aparente no proporciona argumentos para desmentirles, como tampoco lo hace la respuesta tibia y deslavazada de instituciones, organizaciones y dirigentes ante los comportamientos inaceptables de tantos individuos que se dicen dedicados al servicio público.

Tales carencias demuestran una incomprensión palmaria de como funciona la consciencia colectiva en un mundo globalizado e hiperconectado como el actual.  Se olvida que tan importante como la existencia o no de corrupción (un hecho que acompaña al ser humano desde tiempos inmemoriales), lo es la percepción ciudadana sobre la misma. Y esa percepción, a mi entender, funciona como una curva de costes ABC cualquiera. 

Lo he explicado otras veces: el análisis ABC, derivado del Principio de Pareto, es un método de clasificación utilizado en muchas áreas de gestión. Permite identificar y categorizar aquellos elementos que tienen un impacto relevante en un valor global (costes, inventarios, ventas, resultados, etc.), permitiendo establecer niveles y estrategias de control específicas para cada uno de ellos. Por ejemplo, al analizar un inventario se detecta, por ejemplo, que el 20% de los artículos representan el 80% del valor total del stock. El 80% de los artículos restantes, por el contrario, suponen sólo el 20% de ese valor. Tiene todo el sentido, por tanto, centrar los esfuerzos de control en esa minoría de elementos que aglutinan gran parte del valor.

Lo mismo ocurre con la percepción de la corrupción. Estoy convencido que la mayoría de los políticos, más del 80%, son personas honradas a carta cabal pero con impacto muy reducido en la valoración ciudadana sobre la honestidad de nuestros servidores públicos. Aquí están desde los militantes de base hasta los cargos intermedios o directivos de pequeñas entidades que hacen su trabajo diario con profesionalidad, decencia y dedicación. Cualquier caso de corrupción en estas esferas resulta poco notorio, tiene escasa repercusión externa y es normalmente resuelto por la propia organización (salvo que ésta sea totalmente corrupta).

Por consiguiente, bastante menos del 20% del sistema político aglutina la mayor parte de la percepción sobre corrupción. Nos hallamos ya en el nivel dirigente, en el que se adoptan las decisiones políticas de envergadura y se gestionan grandes recursos económicos. Cualquier incidencia en esta minoría de élite impacta de forma decisiva en la opinión pública. Lo hace, además de forma casi instantánea, amplificada y distorsionada geométricamente por los medios de comunicación y las redes sociales, a menudo de forma interesada y espuria.

Afirmar delante de los ciudadanos que los casos de corrupción son "unos pocos" (aunque cuantitativamente sea cierto), o que la percepción de corrupción actual no tiene un impacto significativo en nuestra economía o marca país, resulta aventurado y poco prudente, por mucha serenidad y aplomo que demostremos cara al público. 

No hay manera de sustraerse a este escrutinio intensivo y global; lo que debemos hacer es gestionarlo adecuadamente. Y eso sólo se consigue, a estas alturas, cuando el peor daño ya está hecho, mediante un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y asunción de responsabilidades por parte de nuestros líderes políticos, sociales y económicos como no se ha visto nunca en nuestro país, manifestada más en hechos rotundos y constatables que en la promulgación de normas y más normas y decálogos y códigos de conducta. Como muy bien expresa Simón González de la Riba en un reciente artículo de Sintetia:

Y añade el autor:

“La conciencia de poder estar bajo el escrutinio ajeno en cualquier momento (ahora o en el futuro) modula el comportamiento tanto o más que la presencia explícita de un vigilante o un código de conducta.

Y tan sólo la permisividad hacia el comportamiento deshonesto por parte de personas pertenecientes al mismo endogrupo con el que nos identificamos cada uno relajará nuestro comportamiento moral.”

Nos referimos, por tanto, a una transparencia radical de personas e instituciones en su actividad pública, con lo que conlleva de sometimiento al análisis de cientos de miles de españoles, muchos de ellos expertos en su área de actividad: economistas, contables, administrativos, empresarios, juristas, investigadores, sociólogos, etc.  Españoles que tienen mucho que decir y todavía mucho más que aportar al bien común, no sólo sus rentas. Todo ello no está reñido con la necesaria protección de la privacidad y de la  información sensible o estratégica para la nación. Como siempre, en el equilibrio encontraremos la virtud.

La transparencia, como he apuntado, debe venir acompañada por una ejemplaridad contundente, sin matices, alejada de zonas grises y de consideraciones de leguleyos. Porque antes de cualquier imputación o trámite judicial está siempre la responsabilidad personal y la ética del correcto proceder. Todos podemos equivocarnos, todos, pero la mera conciencia de haber sido negligentes en nuestro deber ante el ciudadano o de no haber actuado conforme a un estándar de irreprochabilidad pública, debería bastarnos para reconsiderar el mantenimiento de cualquier cargo de naturaleza política. Un precepto que debería extenderse también a los medios de comunicación y a la actividad empresarial.  

Los ciudadanos, esa gran masa personas que sufrimos impuestos y demás restricciones, tenemos el derecho, no sólo de votar, sino de auditar el proceder público y de contribuir a mejorarlo honestamente con nuestra propia experiencia y conocimientos.

No estamos hablando de ideología, sino de justicia y equidad en el gran pacto social que configura nuestro Estado. Estamos hablando del único camino viable para nuestro futuro. 

El pernicioso paradigma del "Too Big To Fail" (II): nota a pie de post

Hace unos día reflexionábamos en el blog sobre el mantra del "Too Big To Fail", dominante en la regulación y configuración financiera en las últimas décadas, y una de las causas principales del importante desajuste del sistema actual.

Mencionábamos también la ineficienca reguladora y la inoperancia de los enormes aparatos burocráticos de vigilancia y control para poner coto a las instituciones financieras declaradas "demasiado grandes para caer", con el resultado de seguir socializando las pérdidas en lugar de atacar el fondo del asunto.

El post generó un interesante intercambio de pareceres en las redes sociales. De entre todas las aportaciones, merece la pena destacar,  por su concisión y precisión , este comentario de Eduardo Martínez Santamaría en LinkedIn:

“El problema no es la falta de supervisión ni de herramientas de control por parte del sector público. El sistema bancario es un oligopolio fuertemente intervenido y con enormes barreras de entrada. El caos se ha desatado porque la relación interesada entre controladores y controlados, los saltos de un sector a otro y la elaboración de productos casi incomprensibles han hecho inservibles de facto todos los controles. Así que poner más controles no va a asegurar que el sistema funcione mejor mientas no se corrijan los problemas que acertadamente señalas.”

Pues eso. Gracias Eduardo.

El pernicioso paradigma del "Too Big To Fail"

A propósito de la lectura de un interesante artículo de Jesús Cacho en Vozpópuli ("De cómo el FROB se olvidó de los saqueadores de las Cajas"), hace unos días compartí con mi timeline la siguiente reflexión:

“El Estado ha puesto casi 62.000 millones sin haber analizado siquiera la posibilidad de dejar quebrar alguna Caja, cuando lo único a proteger hubiera sido el dinero de los depositantes.”

Inmediatamente, Carles, uno de mis atentos e interactivos seguidores en Twitter sentenciaba: 

“Un banco NO puede quebrar, porque nuestro sistema se basa en la estabilidad del sector bancario. Una empresa que fabrique y suministre bolígrafos puede quebrar, dará mucha pena, pero, si ello sucede, en el sistema no tendrá impacto. Si un banco quiebra, en el sistema pasan cosas, Por eso desde Lehman Brothers ningún banco puede quebrar.”

Lo primero que le respondí a mi apreciado lector es que ese "no puede" no se ajusta a la realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 400 bancos e instituciones de crédito han quebrado desde el año 2007. Algunos han desaparecido, otros han sido refundados y muchos absorbidos por entidades mayores y más saneadas. Por tanto, para una empresa (y un banco lo es) quebrar puede significar su disolución pero también propiciar un renacimiento con cimientos económicos mucho más sólidos. Precisamente, esa filosofía del "Too Big To Fail", dominante en la regulación y configuración financiera en las últimas décadas, ha sido una de las causas principales del enorme desajuste del sistema actual, al impedir un verdadero saneamiento estructural. En definitiva: si no dejamos caer a una institución financiera podrida, también pasan cosas, y muy graves.

Durante estos últimos años y en multitud de países, hemos sido testigos de continuadas y masivas inyecciones de dinero público (con el consabido impacto en déficit y deuda) para evitar el colapso secuencial de aquellas instituciones financieras consideradas "demasiado grandes para caer". Se argumenta además que, para mejorar el sistema, son necesarias mejores regulaciones y mecanismos de supervisión más robustos, cuestión que no veo nada clara. 

John Kay, uno de los economistas más prestigiosos de Reino Unido, opina que reforzar los mecanismos públicos de supervisión no lleva a ninguna parte, tanto por la secular carencia de recursos técnicos y económicos, como por falta de apoyo político. Hay demasiados intereses en juego. Y añade:

“Las llamadas directas desde los consejos de administración bancarios a las oficinas ministeriales se contestan más rápido que nunca.”

Las grandes corporaciones financieras utilizan todo su potencial económico y de influencia para sortear los esfuerzos reguladores, que además pecan de falta de conocimiento, cortoplacismo y descoordinación. Los ratios de capital han fracasado en el pasado y lo harán en el futuro. El juego consiste en seguir la letra de las normas y saltarse a la torera su espíritu por la vía de la creatividad, la desfachatez o el riesgo maquillado, diferido, ocultado, económico y moral. Resultado: seguimos socializando las pérdidas derivadas de dicho riesgo. Atacamos los síntomas y apechugamos con las consecuencias en lugar de ir al meollo del problema. 

Por consiguiente, la única manera de afrontar una reforma efectiva es ocuparse de los cimientos y la estructura, y no tanto de la supervisión. Kay nos habla de estructuras financieras pequeñas, especializadas y "resilientes", en lugar de grandes e inextricables conglomerados cuyos activos y pasivos son los pasivos y activos de otros grandes conglomerados. Sin olvidar, claro está, a la muy interesada clientela pública.

Se ha demostrado sobradamente que tales monstruos financieros, en apariencia poderosos y feroces, son extremadamente sensibles ante cualquier mínima disfunción en los mercados. En lugar de construir enormes aparatos burocráticos de vigilancia y control (instituciones sobre instituciones públicas: más derroche de recursos ciudadanos) hay que podar de una vez el tamaño, las atribuciones y el ámbito de actuación de los titanes bancarios. Unos titanes propensos a generar más y más volatilidad cuanto más crecen.

John Kay, de nuevo, lo expresa muy bien:

“¿Cómo podemos esperar estabilidad cuando la volatilidad incrementa el valor de unos instrumentos financieros cuyos propietarios son los mismos que toman todas las decisiones importantes o influyen en ellas?”

Y para colmo, respaldamos de facto ese comportamiento declarando que dichos tinglados son "too big to fail". Así se las ponían a Fernando VII... 

El mejor supervisor de una institución financiera es otra institución financiera que compita abiertamente y no se encame con ella. Una competencia en sectores especializados, orientados a la prestación de servicios financieros a la economía productiva. Libre de servidumbres políticas, con reglas claras, claras limitaciones sistémicas y un objetivo irrenunciable: recuperar la vocación de servicio a la sociedad sin renunciar a la búsqueda del beneficio.

Ahí es nada...

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PD: Si les apetece, pueden ver este interesante docudrama sobre los últimos días de Lehman Brothers. Como bien apunta mi apreciado Droblo:

“La reacción de los mercados fue tan mala tras esta única quiebra bancaria que ha servido de justificación y excusa a todos los gobiernos del mundo para no encontrar apenas oposición en su política de gastar importantes y cuantiosos recursos públicos para salvar al sistema financiero.”

Y así continuamos. Vean y reflexionen:

Radiotelevisiones públicas. España Vs USA: dos mundos distintos

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El pasado 30 de septiembre publiqué una nueva entrada en Sintetia con objeto de evidenciar el arcaico concepto que en España solemos tener de lo público, y en concreto de lo que debe ser o no una radio o televisión públicas. 

Dejar de mirarnos el ombligo y echar un vistazo atento a nuestro alrededor constituye un inmejorable remedio para contrastar nuestras debilidades. Por tanto, como vengo haciendo desde mi llegada a los Estados Unidos, qué mejor opción que la de observar a mis vecinos y compartir lo observado. Pasen y lean:

• Una radiotelevisión pública, del público, por el público y para el público.

Pagando tarde y mal a los que menos pueden

El último informe del  Observatorio del Trabajo Autónomo, elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), arroja resultados descorazonadores sobre la morosidad de nuestras administraciones públicas con este colectivo tan castigado por la crisis: los períodos medios de pago a los autónomos se sitúan en 111 días de media en el sector público (frente al máximo de 30 que establece la Ley de Morosidad y la Directiva Europea de la UE) y en 81 días en el sector privado (frente a un máximo de 60 por Ley). 

En importe, la morosidad de las administraciones públicas con los autónomos ha aumentado en 164 millones de euros en el tercer trimestre de 2014 (+6,1% con respecto al trimestre anterior),  alcanzando un total de 2.835 millones de euros. Y todo ello después de las sucesivas fases del Plan de Pago a Proveedores y los recursos de Fondo de Liquidez Autonómico. 

Las diferencias entre las distintas administraciones son notables, y se muestran en las siguientes tablas. Los datos evidencian que a pesar de los compromisos políticos a favor de autónomos y emprendedores, obras no son todavía amores y que seguimos en el ámbito de las esforzadas pero insuficientes razones. También apuntan a que las tensiones de liquidez y los desequilibrios económicos siguen muy presentes en nuestro sector público. La reciente flexibilización de las condiciones financieras a las administraciones morosas confirma esta realidad, y no podemos descartar medidas adicionales si la situación no mejora. 

Conclusión: hay que ponerse mucho más las pilas, dar ejemplo, y responder política y administrativamente por los incumplimientos. Nuestro eslabón empresarial más frágil se lo merece, ¿no creen?