Más tecnología y menos construcción

El otro día estuve leyendo un muy interesante artículo en catalán de Iván Aguilar, brillante economista y analista al que tengo en gran aprecio pese a nuestras muchas discrepancias sobre el devenir de nuestra tierra natal, Cataluña.

Iván, además de ser una persona preparadísima, es una incansable ardilla de la macroeconomía, siempre inquieto, siempre royendo los datos de tabla en tabla, de gráfico en gráfico, de estudio en estudio, siempre preguntándose cosas y explicándolas de manera clara y potente. Comparto con él un incansable afán investigador, una misma visión liberal de la economía y la pertenencia a Thinknomics,  variopinto grupo de analistas, empresarios, traders, académicos e inversores arrejuntados  por el azar de Twitter (aquí nuestro perfil) con el afán de debatir y desgranar diariamente el grano económico de la paja mediática y política.  

El artículo en cuestión, titulado "Més tecnologia i menys construcció"  ("Más tecnología y menos construcción") fue publicado en VIAempresa, diario empresarial de referencia en Cataluña,  y constituye la continuación de otra muy interesante entrada titulada "L'impacte de la construcció en un país de pimes" ("El impacto de la construcción en un país de pymes"), en la cual  Iván ya nos apuntaba:

"Durante el periodo 1997-2008 España licitó, en valor absoluto, más obra civil que Estados Unidos y Alemania juntos. La obra civil absorbe muchos más recursos financieros que ninguna otra actividad productiva, así que el efecto perverso es doble: no sólo provoca el aumento de los precios residenciales sino que capta una parte importante de los recursos financieros disponibles. El resultado es la aparición de los, en términos técnicos, lazy banks, es decir, el sector bancario financia mayormente actividades económicas que proporcionan rentas garantizadas como fueron las hipotecas y la obra civil. 

Cuando el sector público construye una línea de metro, por poner un ejemplo, los bancos saben que los precios de los pisos del trayecto aumentan notablemente. Es por ello que conceden crédito para construir también pisos: saben que el aumento de la población conllevará hospitales, escuelas y todo tipo de obra pública que aumentará sus beneficios. Por qué los bancos deberían asumir riesgo financiando tecnología o industria? No tienen ningún incentivo: a corto plazo lo más seguro es financiar hipotecas y obra civil."

Se trata de un fenómeno que se agrava, además, por el tamaño de las empresas de nuestro país, en su mayoría pequeñas y medianas. Ellas son las más afectadas por este proceso de captación de crédito, por lo que acaban sufriendo restricciones financieras permanentes.

Aunque la orientación de ambos artículos quiere ser regional, sus análisis y conclusiones son extensivos a la realidad económica española.  Hecha la introducción, les dejo con Iván.

 

Más tecnología y menos construcción

(Por Iván Aguilar)

El papel de la regulación y de la inversión pública en una economía de mercado tiene el objetivo de incrementar la productividad de los factores de producción, que son el capital y el trabajo. Cuando otros leit motiv entran en juego, el coste es elevado y resulta fácil que provoquen una caída importante y sostenida de la productividad y, por tanto, de los salarios y los beneficios empresariales. Las consecuencias no se limitan al canal de inversión de las pymes, sino que alteran todas las reglas conocidas de asignación del capital.

Los sectores que son intensivos en crédito bancario y, por tanto, sensibles a los tipos de interés, sufren una gran devastación a medida que los precios residenciales aumentan (y con ellos, los tipos de interés); el resultado es que este capital huye hacia sectores no dependientes del sector financiero como es el turismo, el ocio y servicios asociados. La investigación científica y la innovación sufren muchas dificultades, ya que son intensivas en el uso de recursos bancarios y financieros como la industria o las tecnologías de la información. La lección es que la ciencia y la tecnología necesitan la competencia para su correcto desarrollo y que lograr estándares elevados no es sólo un tema de dinero, sino también de incentivos y buena regulación.

Un giro a la inversión

Los cambios estructurales no son rápidos ni sencillos de realizar pero creo que son necesarias algunas medidas para corregir estos desequilibrios. La primera es repensar toda la política de inversión pública. Las infraestructuras son vitales sólo si responden a una demanda existente no satisfecha, pero su impacto sobre el PIB es negativo vía productividad si se limitan a trasladar demanda de un lugar a otro. En nuestro país las infraestructuras de este último tipo son de las más habituales y el impacto sobre las empresas catalanas es muy pernicioso. La inversión en infraestructuras urbanas tiene un impacto enorme sobre los precios de la propiedad residencial y, como hemos comprobado tras la Gran Recesión, un efecto muy pernicioso sobre las finanzas públicas y los fundamentales macroeconómicos catalanes.

Los países que acreditan niveles de vida más elevados hacen contención de la obra civil y son más intensivos en gasto público corriente, al tiempo que tienen una regulación que incentiva la competencia y la flexibilidad. La financiación es un bien escaso y un abuso en un sector implica la reducción en el resto. La regulación no debe impedir que el capital vaya a los sectores con poco valor añadido como la construcción y la obra civil. Cabe destacar que los efectos no se reducen a la oferta de crédito sino que la demanda también se ve profundamente afectada. El aumento de la proporción de la renta que las familias gastan en comprar o alquilar vivienda estresa el resto de sectores y la estructura económica.

El tamaño de las empresas es una barrera importante para impulsar con fuerza el sector tecnológico e industrial debido a la ausencia de economías de escala. Uno de los grandes debates actuales es sobre qué hay que hacer para tener más industria y menos construcción. La política de austeridad fiscal ha reducido significativamente el gasto en obra civil y no es extraño que, en combinación con los bajos tipos de interés, la industria catalana esté en plena expansión en los últimos años. La mala noticia es que las reformas regulatorias en materia de competencia han sido inexistentes y que, por tanto, esta industria se fundamenta en empresas demasiado pequeñas que quebrarán enseguida que el ciclo cambie de signo. El reto es, pues, conseguir que estas empresas crezcan y estén fuertemente capitalizadas y sean resistentes durante las recesiones. Esto sólo lo podemos conseguir mediante la contención del sector de la construcción y vía regulación.

La financiación que saca el tranvía por la Diagonal

Una política de inversión pública conservadora en obra civil permitirá ayudar a contener los precios inmobiliarios y obligará al sistema financiero a reducir su dependencia del sector público. Para hacernos una idea: el sistema bancario español o italiano tiene un 9% de deuda pública en su balance por un 3% en Alemania. En los países del centro o del norte de Europa lo más habitual es no llegar al 2%. Este diferencial supone toneladas de financiación para las empresas y mucho más valor añadido, y es que el coste de oportunidad de la obra civil no sólo es elevado sino que perdura durante muchos años.

En este sentido, no parece que nada haya cambiado, debates como el del tranvía de la Diagonal sólo incentiva a los bancos a denegar crédito al sector industrial y tecnológico y a esperar estas políticas que les aseguran rentas sin riesgo. El gobierno municipal haría bien no haciendo ninguna de las dos obras porque ambas están concebidas para impactar sobre el precio de la vivienda y ninguna de las dos responde a una demanda sin satisfacer. Ambas tienen un impacto negativo sobre el PIB catalán a medio plazo.

Por otra parte, la regulación. ¿Qué tipo de regulación necesita Cataluña? No hay que inventar demasiado. Las barreras y los controles tienen costes de transacción muy elevados en términos de economía sumergida, así que la transparencia y la libertad económica son obligadas y, además, aumentan considerablemente la recaudación. La literatura es muy clara al respecto: el mercado laboral y el sistema fiscal son muy anormales y excesivamente rígidos. porque en los ciclos recesivos resultan una carga muy pesada para las pymes. Cerrar suele ser mucho más barato que aplicar planes de viabilidad. Los sectores llamados estratégicos destacan todos por tener un coste elevado, tanto para el sector privado como por el público. Energía, Infraestructuras, Transporte, Telecomunicaciones o Finanzas son ejemplos bien conocidos y una barrera importante para el crecimiento de las pymes. Al background institucional formal hay que añadir también el informal.

No necesitamos más empresas

Cataluña (y España) se caracteriza por tener empresas mucho más pequeñas que en los países donde los sectores manufacturero y tecnológico están bien implantados. Concretamente, la diferencia radica en la ausencia de empresas medianas y grandes. Como he comentado antes, las pymes no crecen y la relación activos/fondos propios es demasiado elevada. Hay que incentivar el crecimiento del patrimonio neto y para conseguirlo, la única forma efectiva conocida es la flexibilidad de los mercados. En este sentido, el discurso mainstream sobre el emprendimiento no es el mejor, porque no necesitamos más microempresas sino que las existentes puedan crecer y ser competitivas.

En definitiva, ningún país rico del mundo lo es a base de impulsar el precio de la vivienda y de imponer barreras a la actividad económica. Las casi inexistentes reformas estructurales tras la Gran Recesión suponen que el cambio de la estructura productiva de la economía catalana iniciado en 2013 se revertirá tan pronto como las restricciones fiscales desaparezcan o venga otra recesión.

 

Gestionar España como una empresa

Dedicado a Rosa María Artal,
desde mi intenso aunque decreciente aprecio
y muy amplia discrepancia

Todo empezó con este inclasificable tuit:

La reflexión tuitera pretendía ser un crítica contundente de 140 caracteres a unas declaraciones de Albert Rivera, uno de los blancos preferidos de la periodista, relativas a la mejor forma de gestionar España. Las declaraciones de Rivera se produjeron en el programa de Jesús Calleja de Cuatro, y en ellas afirmaba literalmente esto:

La empresa más importante de España, que es España, la tenemos que gestionar como una empresa, y no puedo hacer barbaridades como estas, con costes y sin ingresos, porque me voy a la calle

Las "barbaridades" a las que se refería el líder de Ciudadanos eran los despilfarros de dinero público tales como "planes E", aeropuertos sin aviones y AVES sin apenas viajeros. En ese contexto, su reflexión era sensata y tenía mucho sentido económico. Pues no, según Artal y varios seguidores de diversa condición y educación que interaccionaron conmigo ese día, gestionar como una empresa es "primar los beneficios, ergo malvado ultraliberalismo". Genial.   

Tal sentencia encierra un desconocimiento palmario de los principios de gestión empresarial, unos prejuicios ideológicos importantes, o una combinación de ambos. También pudo tratarse de un desliz, un lapsus en forma de exabrupto facilón e irreflexivo, con mera vocación ad hominem. Cada uno que juzgue lo que le parezca oportuno.

La pura sensatez nos dice que Rivera estaba hablando de los principios de gestión que determinan el éxito de cualquier buena empresa, y con ello no nos referimos a diversos y llamativos ejemplos patrios de capitalismo castizo, sino a la realidad mucho más discreta y dura de la enorme mayoría del tejido empresarial de nuestro país. Cabría recordar a Rosa María Artal y sus afanados seguidores que en España hay más de tres millones de empresas, de las cuales el 99,88% son pequeñas y medianas (entre 0 y 249 asalariados), PYMES que generan el 66% del empleo nacional. Y si las empresas (grandes o pequeñas) no tuvieran beneficios, dejarían de existir, por lo que no habría trabajo ni impuestos ni administración ni servicios públicos ni recortes de los que preocuparse. Parece mentira que, a estas alturas de civilización, sea necesario explicarlo. 

En un aterior post de este blog dedicado a recortes y despilfarros, ya apuntábamos algunos criterios básicos de gestión empresarial aplicados al sector público. Decíamos entonces que los bienes públicos, obtenidos a través de impuestos, constituyen un verdadero tesoro para nuestra sociedad. Los cargos políticos y los funcionarios deberían tenerlo en cuenta a la hora de manejarlos, y obrar como un cajero cuidadoso con aquellos caudales que no son suyos. Asimismo, los ciudadanos deben utilizar los bienes y servicios públicos de forma cívica y responsable. Cuestión de derechos y deberes. 

Por tanto, cuando hablamos de gestionar España como una empresa, nos estamos refiriendo a esto, y no a otra cosa:

Los ciudadanos (y eso incluye a todos, empresarios, trabajadores privados y públicos, desempleados, pensionistas y estudiantes), a través de sus impuestos y  sus votos, son los accionistas de esta empresa común: aportan el capital y, teóricamente, eligen al consejo de administración (gobierno) de acuerdo con sus competencias profesionales y orientaciones estratégicas (programas políticos).  La empresa España, en un ideal de buena gestión, debe perseguir la satisfacción de los intereses de estos ciudadanos-accionistas a través de la creación de valor, esto es, la prestación de unos servicios públicos esenciales que maximicen los recursos empleados, con calidad y de una manera eficiente y sostenible en el tiempo, alejada de florituras y dispendios. Ese es el auténtico beneficio de gestionar como una empresa. Y no nos confundamos: los responsables últimos de ese buen gobierno somos los propios ciudadanos-accionistas, en nuestra doble condición de paganos y electores.  

Más allá de los ciudadanos y agrupaciones de ciudadanos, no debemos olvidar a los grupos de interés (los llamados stakeholders en inglés), a quienes también concierne el buen funcionamiento de nuestra empresa España, como por ejemplo: organismos internacionales a los que pertenecemos, instituciones de muy diversa naturaleza, países con los que comerciamos, mercados financieros a los que acudimos, organizaciones no gubernamentales, etc.

Así, nuestra España S.A. constituye un sistema complejo, con numerosos interesados en su buena gestión,  todos ellos colaboradores necesarios y beneficiarios directos o indirectos de la misma. Una empresa que debería regirse por los principios universales que orientan la actividad de todas las corporaciones exitosas: integridad, responsabilidad,  transparencia, rendición efectiva de cuentas, respeto a las leyes, adecuada supervisión, sostenibilidad financiera y, por supuesto, las tres "E":

  • Economía:   hacer las cosas con el menor coste posible en recursos.
  • Eficacia: alcanzar los mayores resultados posibles.
  • Eficiencia: alcanzar los mayores resultados posibles con el menor coste posible.

Todo ello tiene muy poco que ver con el "beneficio" espurio ni con el libre mercado ni, desde luego, con el "ultraliberalismo", signifique lo que signifique el palabro. ¿No te parece, querida Rosa María?

 Un muy cordial saludo de tu seguro seguidor lentejero.


Nota: en una versión anterior de este artículo, se indicó erróneamente que Rosa María Artal es militante de Podemos, hecho que la propia periodista ha desmentido a este autor de malas maneras. 

Nota 2: muy poco después de la nota anterior, Rosa María Artal se presentó como candidata de Podemos a las elecciones por Zaragoza (no consiguió el escaño). Al recordarle su reciente desmentido en Twitter, la periodista se limitó a bloquearme (su actividad más habitual en la red social). Máxima coherencia.

La excesiva discrecionalidad administrativa y sus incentivos perversos

El pasado 10 de marzo se publicó en Sintetia la segunda entrega de la serie de artículos escritos conjuntamente con Simón González de la Riva sobre el concepto de "Administración Posible". En esta segunda parte analizamos el amplio espacio de discrecionalidad que la administración se otorga en su relación con los ciudadanos.

¿Esto qué significa? Que su actuación no será siempre automática ni estará sujeta a un parámetro o conjunto de parámetros fijos y previsibles, determinados a través de unas potestades regladas por ley. Bien al contrario, la norma suele otorgar a la administración una importante capacidad de decisión basada en términos abstractos, difusos e incluso totalmente subjetivos. Porque, ¿cuándo una medida se convierte en “idónea”? ¿Cuál es el alcance “adecuado” de una regla? ¿En qué punto del abanico de posibilidades existentes va a entender una administración que algo es “suficiente”?

Leer el artículo completo: Otra Administración es Posible (II): Discrecionalidad e Incentivos

Otra Administración es posible (I)

Primer artículo de una serie que inicio en Sintetia con Simón González de la Riva, desarrollando el concepto de Administración Posible  Se trata de convertir el actual juego político de “gestión por ocurrencias” en un proyecto colaborativo basado en el pragmatismo y el aprovechamiento de las fortalezas existentes: