Una de las falacias conceptuales más clamorosas del debate económico actual consiste en repetir hasta la saciedad que la austeridad implica necesariamente recortes en servicios públicos esenciales, olvidando que todas las playas se han ido formando grano a grano. El agujero de las cuentas públicas y el imparable crecimiento de la deuda, también: el despilfarro se acumula en organismos inútiles, inanidades funcionales y dispendios innecesarios, que repetidos y multiplicados por horas, días y españoles acaban formando una enorme e incontrolable bola.
Siempre que tengo ocasión recomiendo una joya del sentido común empresarial, el "Manual Contra el Despilfarro" que Rafael del Pino, fundador de Ferrovial, publicó en julio de 1962 y en el que enseñaba a sus directivos como luchar contra “ese dragón de siete cabezas que se infiltra por todas partes (…), ese devorador de las empresas”. Devorador de empresas y de estados, añadiría yo.
Hay una idea fundamental que subyace en ese magnífico documento, y Del Pino la expresa muy bien: “no hay despilfarro pequeño, pues una misma forma se repite muchas veces y tiende siempre a aumentar, por lo que pronto adquiere caracteres de importancia”.
Tal razonamiento es válido para todos los órdenes de la vida económica, pública o privada. Coincido con el autor en que la lucha contra el despilfarro no se compone sólo de recetas adhoc, sino que se trata más de un "estado de ánimo", esto es, de una disposición ética hacia la sensatez y la austeridad, entendida esta (DRAE) como cualidad de austero: "sobrio, morigerado, sencillo, sin ninguna clase de alardes". Algo que casa muy mal con la naturaleza artificiosa del discurso político dominante, proclive al exceso y a solucionar los problemas tirando de chequera ciudadana.
Alguna de las recomendaciones del manual son perfectamente aplicables a la gestión de los recursos públicos. Hagamos un breve repaso a las mismas:
1) Cuando cualquiera de las administraciones decida prestar un servicio público, sus responsables deberían tener en cuenta:
- Que no se esté prestando ya por otra administración. - Que el servicio corresponde exactamente a la necesidad que pretende cubrirse y no a intereses propios o ajenos.
- Que la relación calidad/precio del servicio a prestar sea la adecuada, y que además se garantice su financiación en el tiempo.
- Que la entidad que vaya a prestar el servicio esté correctamente dimensionada en infraestructura, medios materiales y personal. Un exceso de tamaño consume recursos financieros innecesarios que podrían emplearse en otros menesteres.
2) Los bienes públicos, obtenidos a través de impuestos, constituyen un verdadero tesoro para nuestra sociedad. Como escribe del Pino: "esto ya es una definición completa, y todo un programa". Los cargos políticos y los funcionarios deberían tenerlo en cuenta a la hora de manejarlos, y obrar como un cajero cuidadoso con aquellos caudales que no son suyos. Pero también los ciudadanos deben utilizar los bienes y servicios públicos de forma cívica y responsable. Es una cuestión de derechos, pero también de deberes.
3) Los servicios inútiles, accesorios o duplicados deben eliminarse de inmediato. Cuestan dinero, tiempo y esfuerzo, y no rinden utilidad alguna al ciudadano.
4) Cuando una administración contrata, debe elegir siempre el medio más económico. "Y como tal no se entienda siempre el más barato, sino aquel que resulta más adecuado a las circunstancias del caso".
5) Además de utilidad, la productividad de los medios públicos y de los funcionarios resulta asimismo un factor clave. Si tenemos recursos materiales y humanos ociosos estaremos despilfarrando salarios, intereses del capital público invertido y amortizaciones fijas. Cuanto mayor sea la productividad de dichos recursos menor será el coste de los servicios prestados. Esto es válido para todo tipo de prestación: educación, sanidad, defensa, seguridad, etc. Por ello, los responsables públicos deben velar por tener sus administraciones "bien engrasadas", vigilar constantemente su rendimiento y estudiar sus ineficiencias.
La realidad es que durante décadas nos hemos contentado con un manejo rutinario y burocrático de nuestros recursos, que ha coartado cualquier posibilidad de mejora. Si todas las administraciones públicas trabajaran intensamente en los cinco aspectos que acabamos de enunciar, otro gallo económico nos cantaría ahora.
Citando de nuevo a Don Rafael, disponer de una organización modélica es la mejor arma contra el despilfarro:
"Con un personal celoso y competente, la negligencia es rara y ocasional y por ello no ha de generar mucho despilfarro. Pero si la organización es deficiente; aún no habiendo negligencia se producirá despilfarro, que las más de las veces pasará inadvertido. Una buena organización es la mejor arma para el despilfarro, pues no dejará rincones oscuros donde pueda aquel disimularse. Inversamente, una buena organización hace casi imposible la existencia de negligencias, ya que éstas son pronto puestas de manifiesto y a la luz del día".
Y yo me pregunto (y seguro que ustedes también): ¿a qué siglo estamos esperando?
